Bogotá D.C., 13 de marzo de 2009. La permanencia de los individuos que se refugian en las calles evidencia la falta de normatividad y asistencia social que afecta a este grupo poblacional, encarnan el olvido y la indiferencia total como derecho constitucional, simbolizan la exclusión social en materia de población vulnerable dentro de un estado social de derecho, donde es relevante la ausencia de una efectiva gestión de política publica dirigida a la inclusión social de estos ciudadanos que merecen un tratamiento digno en igualdad de oportunidades que le permitan acceder con equidad al sistema de seguridad social, educación y oportunidades laborales.
Esta población caracteriza la causa de su situación en el desempleo, violencia intrafamiliar, conflicto armado, inequidad social, drogadicción y desplazamiento forzado entre otros, lo que genera resentimiento social, agresividad, pérdida de autoestima y comportamientos no deseables socialmente que acentúan la inseguridad, congestionan los despachos judiciales y reflejan el hacinamiento carcelario.
El cuestionamiento social de gestión, es que no estamos combatiendo la causa de este flagelo porque al parecer resulta costoso, pero hay que preguntarse ¿cuánto le cuesta al Estado atacar las consecuencias y a la sociedad el no contemplarlo dentro de sus prioridades?.
Realmente los habitantes de la calle pertenecen a un mundo de indiferencia social marcado por la falta de tratamiento preventivo en materia económica, sicológica, educacional. No obstante en Colombia el crecimiento de este fenómeno ha propiciado la generación de estudios y censos orientados a cuantificar y establecer las características de esta población que permitan cimentar programas de ingerencia social donde se reconoce la labor de entidades como el DANE e IDIPRON, la Secretaria de Bienestar Social de Medellín y de Calí entre otros.
A propósito, el Gobierno Nacional creó el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN, sin embargo no los cubre, porque ellos no poseen vivienda, ya que es la calle su espacio permanente de vida. Así las cosas, quedan por fuera de este apoyo Estatal.
El Legislativo está en mora de crear un sistema integral de atención al habitante de la calle, si bien algunos ciudades, como Bogotá, Medellín, y Calí han hecho programas para atender esta problemática, otros municipios con menos experiencia no saben qué hacer y cómo implementarlos.
En consecuencia, es necesario: definir una política de seguridad social e inclusión, concertada, coordinada e integrada entre las diferentes entidades nacionales y territoriales, y establecer integralidad, continuidad, unificación de criterios, asegurar el gasto social con el fin de resocializar a estas personas marginadas de la sociedad bajo criterios de focalización y universalización.
Se sugiere mayor articulación entre entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y SENA para generar programas integrales de atención, resocialización y capacitación orientados al tratamiento integral en materia de prevención y rehabilitación.
LUZELENA RESTREPO BETANCUR
SENADORA DE LA REPUBLICA
