La Comisión II del Senado aprobó que Colombia asuma estándares del sistema métrico
Asimismo, se acordó establecer la metrología legal para permitir el control y aseguramiento de la calidad mínima de los productos y servicios del país.
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2009 (OIPS). Colombia sería reconocida internacionalmente por su capacidad metrológica y constituiría la forma de establecer parámetros para asegurar la calidad y confianza en los resultados de medición.
Así lo afirmó la senadora Luz Elena Restrepo Betancourt, ponente del proyecto que aprobó hoy la Comisión Segunda.
De igual forma aseguró la legisladora que con la convención del metro, Colombia seria miembro de la oficina internacional de pesas y medidas y se convertiría en el único país de habla hispana que asumiría la legislación en dicho asunto.
En esa medida, en el marco de la sesión el director de regulación del ministerio de Comercio, Ramón Masdiñán, sostuvo que de ser aprobado este proyecto se fortalecería la confianza de los usuarios en los resultados de las mediciones, mejoraría la competitividad en los mercados nacional e internacional y, dentro del ámbito de medidas de calidad, esta propuesta serviría de base metrológica para la supervisión de los equipos de medición.
Asimismo, durante el debate la senadora liberal Cecilia López Montaño manifestó que Colombia no tiene los recursos económicos, ni técnicos para asumir un compromiso que le costaría al país una afiliación de 51 mil euros.
“Me da mucho miedo que asumamos los compromisos y no se tengan los recursos para hacerlo, por ejemplo pensar en una transformación productiva sin plata, ¿cómo hacemos para garantizar que estos compromisos que estamos adquiriendo se cumplan y los cuales exigen un esfuerzo muy grande?”, manifestó la legisladora Cecilia López.
Sin embargo, la senadora Restrepo Betancourt aseguró que asumir dicha convención beneficiaria al país ya que se establecería un intercambio justo de mercancía con los parámetros de medición, igualmente, se brindaría protección al consumidor para cumplir con las altas exigencias técnicas y jurídicas que aseguran una garantía pública.